El Gobierno en el banquillo de la OIT tras denuncias sindicales
Este miércoles, Argentina deberá responder ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT por observaciones vinculadas al Convenio 150 sobre administración del trabajo, uno de los instrumentos internacionales que regulan el funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de las políticas laborales, la fiscalización, la inspección y el diálogo social. Lo que estará bajo análisis es el modo en que el Estado argentino organiza y garantiza la administración del trabajo, precisamente uno de los ámbitos que sufrió profundas modificaciones desde la llegada de Milei al poder. El ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo al mando de Julio Cordero, deberán dar respuestas.
Entre ellas aparecen cuestionamientos por la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, la pérdida de estructuras estatales, el debilitamiento de organismos tripartitos y las dificultades para sostener mecanismos institucionales de diálogo social. La CEACR también tomó nota de las observaciones presentadas por la CGT, la CTA Autónoma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), que advirtieron sobre el impacto de las políticas de ajuste implementadas desde diciembre de 2023 sobre el funcionamiento de la administración laboral.
las organizaciones sindicales denunciaron la paralización o debilitamiento de ámbitos de diálogo social, problemas en la negociación colectiva, dificultades para la implementación de políticas públicas laborales y la reducción de capacidades estatales vinculadas al control y la fiscalización.
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ACCION DEL GOBIERNO Mientras dirigentes sindicales argentinos comenzaban a llegar a Ginebra para participar de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, una noticia irrumpió desde Buenos Aires y recorrió rápidamente los pasillos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el Gobierno nacional acababa de publicar los decretos 406, 407, 408 y 409 que reglamentan aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
ACCION DE LOS GREMIOS El decreto 407 reglamenta aspectos centrales vinculados a las relaciones laborales, la registración, la negociación colectiva y distintas modificaciones introducidas por la Ley Bases. El decreto 408 pone en funcionamiento el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que habilita sistemas alternativos al esquema tradicional de indemnizaciones por despido. El decreto 409 reglamenta el régimen de promoción del empleo registrado. El 406 completa el paquete normativo derivado de la misma reforma.
Durante la Conferencia Internacional del Trabajo también estarán presentes debates vinculados a denuncias relacionadas con el Convenio 81 sobre inspección del trabajo y el Convenio 129 sobre inspección laboral en la agricultura, dos instrumentos fundamentales para evaluar la capacidad estatal de control y cumplimiento de la legislación laboral.
Es decir, buena parte de las discusiones que esta semana se desarrollarán en Ginebra giran alrededor de un mismo interrogante: cuál será el papel del Estado argentino en la protección de los derechos laborales y en la regulación de las relaciones entre trabajadores y empleadores.
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UOM La Justicia habilitó al interventor de la UOM a tomar el control operativo de la obra social. La Cámara Laboral ratificó las amplias facultades de Alberto Biglieri y lo autorizó a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de la cobertura médica de los metalúrgicos. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificara las facultades otorgadas al interventor Alberto Biglieri y aclarara expresamente que podrá actuar sobre la obra social sindical para garantizar su normal funcionamiento. El tribunal recordó que Biglieri fue designado como auxiliar de la Justicia con «todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización interna» del sindicato, y agregó una aclaración que extiende de manera directa su capacidad de acción sobre la estructura de salud de la organización.
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PAMI al borde del colapso: clínicas y sanatorios advierten un «apagón» sanitario mientras gremios denuncian vaciamiento. A través de un duro pronunciamiento conjunto, las principales cámaras de clínicas y sanatorios del país alertaron que los aumentos de apenas el 1,9% otorgados por el organismo vuelven inviable la atención de millones de jubilados. El conflicto se entrelaza con paros médicos, una licuación salarial histórica de los trabajadores del organismo y una parálisis de gestión provocada por el loteo político de cargos. Las cámaras empresariales que agrupan a los prestadores médicos privados de PAMI, un sector que aporta más de la mitad de las camas de internación en toda la Argentina, emitieron un comunicado de prensa en el que advierten sobre el riesgo inminente de una suspensión en la continuidad de los servicios de salud para jubilados y pensionados. El reclamo patronal expone cifras alarmantes: frente a un importante retraso de costos que alcanza el 102% acumulado, las autoridades de la obra social dispusieron incrementos de apenas el 1,9% para el mes de junio y otro 1,9% para julio de 2026. Al cuadro se suma que estas magras actualizaciones, las únicas concedidas en lo que va del año, impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre, asfixiando financieramente a los efectores médicos.
Firmado por las entidades ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, SALUD FEDERAL y CONFECLISA, el documento detalla que las instituciones de salud ya no pueden sostener sus prestaciones en condiciones normales debido al atraso en los aranceles, los plazos de pago extendidos y la aplicación de «débitos injustificados» sobre las facturaciones presentadas. Las corporaciones privadas exigen con carácter de urgencia la apertura de una mesa de diálogo que garantice un esquema de actualización atado a los costos reales y un modelo prestacional «más simple, transparente y sostenible».
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FATE: El SUTNA denunció la “criminalización del derecho a huelga” tras la citación judicial de 24 trabajadores. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático –SUTNA– repudió la decisión de la Fiscalía de San Fernando de citar a declaración indagatoria a 24 trabajadores de FATE, entre ellos operarios, delegados, integrantes de la Comisión Directiva de la organización y el secretario general del gremio. Desde el sindicato calificaron la medida como un intento de “criminalizar el legítimo derecho a huelga” y denunciaron una persecución contra quienes participan de la lucha por la continuidad laboral en la empresa. La situación se produce en medio del prolongado conflicto que enfrenta a los trabajadores con la patronal de FATE tras el cierre de la planta de Victoria. El gremio sostiene que la empresa implementó un lock out patronal ilegal y reclama la reactivación de la producción para evitar la pérdida de cientos de puestos de trabajo en una de las principales fábricas de neumáticos del país.
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la Argentina está entre los 10 peores países en materia de derechos laborales. Se trata del Índice Global de Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que degradó al país al nivel más bajo del ranking, por vivirse “un retroceso general en las garantías laborales”. Un informe internacional sobre derechos laborales ubicó a la Argentina entre los diez peores países del mundo, tras registrar un fuerte deterioro en los indicadores y rebajar su calificación a la categoría más crítica, en un escenario que encendió alarmas en el plano sindical y político. El dato surge del Índice Global de Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que en su última edición marcó un retroceso sostenido en el país durante los últimos dos años. La Argentina cayó a la categoría 5, el nivel más bajo del ranking, luego de haber estado previamente en categoría 3. Según el informe, este descenso representa uno de los desplomes más pronunciados detectados por el organismo en su medición global. Entre los principales puntos señalados, se destacan restricciones a la protesta social, interferencias en la vida interna de los sindicatos y la existencia de despidos “anti sindicales”. El documento también advierte sobre un “retroceso general en las garantías laborales, particularmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva”.
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El gobierno ofreció una salida a la crisis universitaria: fue rechazada y los gremios anuncian protestas. En el marco de una reunión con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se ofreció un aumento salarial a cambio de que los rectores levanten la demanda laboral. “Es una locura”, contestaron. FEDUN anunció que realizará desde mañana un nuevo paro nacional. EL GOBIERNO Y LAS UNIVERSIDADES BUSCAN DESTRABAR UN ACUERDO PARA PONER FIN AL CONFLICTO UNIVERSITARIO. El Gobierno ofreció 24,3 por ciento de actualización salarial, pero exige retirar la demanda judicial. Las Universidades no aceptan bajar la cautelar por la ley de Financiamiento, que llegó a la Corte Suprema. recomposición salarial de 24,3%, más fondos para becas estudiantiles y los hospitales universitarios. En las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se ofreció recomponer salarios en 21,3% desde junio (a cobrar en julio) y otro 3% desde octubre. Estos porcentajes serían un 7% a cuenta de lo perdido en 2024; 12% de 2025 y un 3,4% hasta mayo de 2026, indicaron fuentes de la negociación. En este esquema, admiten que quedaría pendiente resolver la mayor parte de la pérdida salarial de 2024, y para eso se convocaría una “comisión técnica” integrada por el Gobierno y los gremios del sector. En el acuerdo entrarían también los fondos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y hospitales universitarios.
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La CGT rechazó la reglamentación de la reforma laboral y acusó al Gobierno de buscar «sustituir el debate democrático» La CGT rechazó este martes la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta el lunes último por el Poder Ejecutivo y afirmó que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”. “Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la CGT en un comunicado. Para la central obrera, “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”. Al respecto, afirmó que “lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático”.
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