La Corte limita la revisión de indemnizaciones por accidentes laborales y fija una regla para los trabajadores. El máximo tribunal revocó una sentencia que había elevado de oficio la reparación correspondiente a un trabajador accidentado. Determinó que, si el trabajador no cuestiona el monto reconocido en primera instancia y la única que apela es la ART, la Cámara no puede aumentar la condena y perjudicar a quien presentó el recurso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo con impacto sobre los litigios laborales al establecer límites a la posibilidad de que los tribunales de segunda instancia modifiquen indemnizaciones cuando esa cuestión no fue planteada por las partes. La decisión surgió del caso de Sergio Leandro Emanuel Pagani, un técnico electricista que sufrió un accidente laboral en agosto de 2017 mientras realizaba tareas de instalación sobre una escalera y padeció una lesión en una rodilla. En una primera instancia, la Comisión Médica había determinado una incapacidad permanente del 5%, porcentaje que posteriormente fue elevado al 16% por la Justicia. A partir de ese cálculo, Provincia ART fue condenada a pagar una indemnización superior a los $240.000, más intereses. El punto central del conflicto apareció durante la apelación. La ART cuestionó el método utilizado para determinar la reparación, mientras que el trabajador no apeló el monto otorgado y consintió la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, cuando el expediente llegó a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los magistrados consideraron que la suma resultaba insuficiente frente al piso mínimo establecido por la legislación sobre riesgos del trabajo y decidieron modificarla de oficio. La Cámara llevó así la indemnización desde poco más de $240.000 más intereses hasta una suma superior a $1,6 millones, pese a que el trabajador no había solicitado esa revisión en su apelación.

El límite que estableció la Corte

El caso llegó finalmente a la Corte Suprema, que, en un fallo unánime firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la resolución de la Cámara.El máximo tribunal entendió que se había vulnerado el principio de “reformatio in pejus”, una garantía procesal que impide que quien es el único que apela una sentencia termine en una situación más desfavorable como consecuencia de su propio recurso.

En términos concretos, la Corte determinó que si solamente una de las partes apela, el tribunal superior no puede utilizar ese recurso para agravar su situación respecto de la sentencia original. En este caso, Provincia ART había sido la única que cuestionó el fallo, mientras que el trabajador había aceptado el monto establecido.

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La industria cerró el semestre en baja y sectores clave acumulan caídas de hasta 17%.La producción manufacturera mejoró en junio, pero el repunte no alcanzó para revertir el balance de los primeros seis meses del año. El sector acumuló una contracción del 2,2%, con fuertes retrocesos en textiles, automotrices y otras ramas sensibles para el empleo industrial. Textiles e indumentaria acumularon una caída del 17,1% durante el primer semestre, mientras que la industria automotriz retrocedió 10,7%. Ambas ramas explicaron una parte importante de la contracción general registrada entre enero y junio.

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PARO UNIVERSITARIO. El miércoles 12 para exigir el pago completo de lo que se adeuda por financiamiento universitario. Esto es lo que reclaman todos los sectores. Y CONADU Histórica resolvió además,  lanzar una semana de paro. El cronograma estipula la paralización de las clases del 18 al 22 de agosto en reclamo por el atraso salarial que estiman en un 28,5%, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, el gremio propone articular una nueva Marcha Federal con la comunidad educativa y científica de todo el país. CONADU Histórica resolvió lanzar una semana de paro en las Universidades Nacionales. El cronograma estipula la paralización de las clases del 18 al 22 de agosto en reclamo por el atraso salarial que estiman en un 28,5%, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, el gremio propone articular una nueva Marcha Federal con la comunidad educativa y científica de todo el país. UDA anunció que se suma a la medida del 12 de agosto

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UOM

La audiencia paritaria de la Rama 21, siderúrgica, finalizó sin acuerdo aunque las partes quedaron muy cerca. La cámara sostuvo su propuesta y desde la intervención de la UOM le pidieron que la eleve unos puntos. Se cerraría en los próximos días. Desde Villa Constitución, seccional que representa a los trabajadores de Acindar, aseguran que el pedido del gremio queda 13 puntos por debajo de la inflación y que irán a medidas de fuerza en caso de aprobarse. la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 12 de agosto a las 14:30. Sin embargo, fuentes de la negociación ratificaron que extraoficialmente las partes quedaron cerca. Sin embargo desde Villa Constitución alzaron la voz. Entienden que la «contraoferta» de la intervención deja a los trabajadores siderúrgicos 13 puntos por detrás de la inflación por lo que no están dispuestos a aceptarla

La patronal ofrece 4% de incremento no acumulativo y no remunerativo para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026 más un 4% de incremento no remunerativo y acumulativo para los meses de noviembre y diciembre de 2026, y enero de 2027

La contrapropuesta del gremio. Reclamó un 8 % no remunerativo para agosto, septiembre y octubre, y otro 8 % para noviembre y diciembre, con incorporación al básico a partir de enero de 2027.

Con lo que propone la empresa quedan 27% debajo de la inflación. Con lo que pide la UOM INTERVENIDA, quedan 13%. Por eso en Villa Constitución no la aceptan.

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Crisis de la seguridad social: 1.200.000 personas se quedaron sin cobertura y tensionan el sistema público. Según un estudio, por el aumento de las cuotas y la pérdida de puestos de trabajo formal, obras sociales y prepagas perdieron más de 1.200.000 de afiliados, que terminan dependiendo de hospitales y centros de salud. Esto genera “situación de colapso”, como pasa en la provincia de Buenos Aires y aquí en Santa Fe. Esta masa de pacientes presiona a los distintos sistemas estatales, que deben afrontar esta demanda en un contexto de brutal ajuste. Esta situación podría empeorar en breve, si se confirman una serie de reformas que está pensando el gobierno libertario, que tendría un fuerte impacto en la salud  de los argentinos.

Más de 1.200.000 de personas “quedaron sin obra social ni cobertura de medicina prepaga desde el comienzo del gobierno de Javier Milei”. “la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud pasó de 9.428.131 en el cuarto trimestre de 2023 a 10.674.416 durante los primeros tres meses de 2026”.

La diferencia entre ambos períodos es de 1.246.285 personas. De acuerdo con el estudio, “el 35,6 por ciento de la población considerada en el análisis cuenta actualmente solo con hospitales y centros sanitarios públicos para recibir atención médica”

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La CTA relevó los casos de represión en el Congreso: Más de 1.500 heridos y 29 detenidos en la protesta contra la Ley de Extranjerización de Tierras. La movilización convocada para el jueves 6 de agosto en rechazo al proyecto de ley de extranjerización de tierras terminó con un saldo de al menos 1.500 personas heridas y 29 detenidas, según el informe publicado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma a través de su «Monitor de las Respuestas Represivas a la Protesta Social». La manifestación, que colmó la Plaza del Congreso pese a las intensas tormentas, reunió a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y pueblos originarios, entre otras y a autoconvocados.

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El sindicato de químicos y petroquímicos cerró paritaria con cláusula gatillo, bono de fin de año y un blindaje del convenio colectivo. El Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) incluyó en el acuerdo con las cámaras empresarias un mecanismo de actualización salarial por IPC cada cuatro meses, una gratificación anual de $626.424, indexada por inflación, y la protección del CCT 790/21 que ratifica la plena vigencia de todas las condiciones convencionales. Desde el gremio explicaron que la demora en la firma obedeció a la decisión de no conformarse con el acuerdo salarial y continuar la negociación hasta obtener esa garantía adicional.

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EMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. Esta semana se van a efectivizar las diferencias por el tema inflacionario, y se va a liquidar por planilla complementaria el primer tramo del ajuste salarial que es del 2%. Esto solo llega a personal activo. Y respecto a la compensación por inflación, se trata de una suma no remunerativa por única vez

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MUNICIPALES. 1º Encuentro Interregional Sindical de Mujeres y Disidencias Municipales.

Se inicia mañana martes el encuentro de mujeres municipales de Rosario, Rafaela y Santa Fe. Hay más de 200 inscriptas que van a plantearse en tres talleres estos temas: Mujeres y sindicato; Trabas para el desarrollo laboral de mujeres que les impiden llegar a roles de dirección en el empleo; y Cómo afectan la salud esas trabas, y el valor de participar en las organizaciones sindicales para neutralizar obstáculos

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La Utep presentó un pedido ante el Ejecutivo para que se trate la Ley de Cocineras Comunitarias. La iniciativa propone un reconocimiento salarial mensual para quienes trabajan en comedores y merenderos de la provincia.  La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (TEP presentó un petitorio a la provincia para que se trate el proyecto de ley de cocineras comunitarias, presentado en 2025. El acto se realizó este viernes, en el marco de la movilización por San Cayetano que organiza la UTEP con otras centrales sindicales como la CGT, la CTA y la CTA Autónoma, además de organizaciones políticas y sociales. La iniciativa legislativa propone el pago mensual de una suma que no podrá ser inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil para quienes realicen tareas en comedores y merenderos de Santa Fe. La iniciativa que se presentó en la Legislatura de Santa Fe lleva la firma de las diputadas Claudia Balagué y Lucila de Ponti y de los diputados Fabián Palo Oliver, Carlos del Frade y Miguel Rabbia. Reconoce a las trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios como sujetos de derecho a percibir un salario por la labor social y comunitaria que realizan, en tanto integrantes de la economía popular que desarrollan su actividad de forma autogestiva, colectiva y sin fines de lucro. También marca el carácter “estratégico e imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria, el cuidado comunitario y el acompañamiento social en contextos de vulnerabilidad, constituyendo un aporte fundamental a la cohesión social y la construcción de redes solidarias”.