Con cambios de último momento, el Gobierno logró media sanción del Senado a la ley de Glaciares que fomenta la explotación minera. La propuesta obtuvo media sanción con 39 votos y será girada a Diputados. El oficialismo contó con el apoyo dividido del PRO, la UCR, y peronistas de las provincias mineras.
Con fuerte respaldo, el Senado sancionó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El oficialismo intentó acortar el debate para ser el primer país de la región en validarlo pero Uruguay lo votó antes. El Gobierno ya promulgó la ley. Por amplia mayoría -69 votos a favor y solo 3 en contra- el Senado sancionó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea firmado el 17 de enero en Asunción, después de más de veinte años de negociaciones.
Silencio de los empresarios ante una nueva embestida de Milei: los acusó de haber hundido a la Argentina. El Presidente apuntó con agravios contra Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez vía un mensaje en las redes sociales. No hubo respuesta por parte de los atacados. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, apuntó el mandatario. Esta vez los dardos fueron dirigidos contra Paolo Rocca, CEO de Techint; Javier Madanes Quintanilla, principal accionista de Fate y Aluar; y Roberto Méndez, máxima autoridad de Neumen, compañía distribuidora de neumáticos.
Causa Cuadernos: empresario aseguró que lo obligaron a declarar como arrepentido y pidió retirar su testimonio. Se trata de Mario Rovella, quien señaló que declaró bajo “coacción” y ofreció una reparación económica para dar de baja la acción penal. El empresario Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., pidió en las últimas horas la nulidad de su declaración como imputado colaborador en la causa Cuadernos de las Coimas, luego de que este martes el Tribunal Oral Federal 7 reanudara las audiencias del juicio. Lo hizo a través de su abogado defensor, Pablo Medrano, quien sostuvo que su testimonio fue prestado bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” frente la amenaza de quedar detenido.
Duro comunicado a días del tratamiento en el Senado. El PJ denunció que la reforma laboral implica un “retroceso” y criticó a quienes la acompañaron: “Expresan otros intereses”. En un documento titulado “Al pueblo trabajador”, Sostuvo que la aprobación de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei junto al Fondo Monetario Internacional inaugura una “etapa de precarización laboral y de transferencia de riqueza”, con impacto directo sobre el salario, el tiempo de trabajo y la salud de los trabajadores. No es modernización. No es actualización. Es retroceso”, y advirtió que, sin un modelo económico que apueste por la industria, la producción y el empleo, no existe ninguna norma capaz de crear trabajo digno. Para el PJ, se trata directamente de “la agenda del Fondo Monetario Internacional convertida en ley”. “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, expresó el comunicado. Y remarcó: “El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo”. “La Argentina no necesita menos derechos. Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria”, “La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”.
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EL GAUCHO NARCO. Airaldi, de 46 años y que fue apodado el “Gaucho narco”, se volvió famoso, no por su labor como productor agropecuario o por su gestión como expresidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante, sino por ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilos de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona.
En julio de 2022, la investigación sobre la red de narcotráfico que involucra al “Gaucho narco. Efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, que conducía en la calle Goritti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario. Ese vehículo fue vinculado luego con la banda de Mameluco Villalba, el jefe narco que comanda desde la cárcel el movimiento de drogas en el partido bonaerense de San Martín. En el procedimiento, los agentes secuestraron drogas, armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis teléfonos celulares, que luego fueron sometidos a pericias forenses.
Se realizaron allanamientos de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde se planificaba la coordinación de ataques contra importantes figuras públicas de Entre Ríos. La Justicia va ahora tras los pasos de dos sicarios uruguayos que habrían cobrado US$40.000 para ejecutar la orden de una banda narco. La directiva para esos asesinos a sueldo era la de matar al ministro de Seguridad y Justicia provincial, el comisario general retirado Néstor Roncaglia; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candiotti. Las emboscadas contra esos blancos estaban preparadas para los próximos días, ya que el objetivo central del grupo mafioso era, de acuerdo con la información judicial, evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Leonardo Roberto Airaldi y 13 de sus cómplices. Ese debate oral debe comenzar el martes próximo
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LEY PENAL JUVENIL. Se aprobaría, pero debe comprometerse el Estado Nacional en asistir a las provincias para cumplir con el compromiso de crear entidades para cumplir con la ley. Existen 100 establecimientos especializados para el Sistema Penal Juvenil en la Argentina. Buenos Aires cuenta con 37 de ellos y Santa Fe con 10: ninguna otra provincia supera el dígito y 17 de ellas no superan las tres unidades. Tierra del Fuego no cuenta con ninguna. El mismo organismo detalló que esos edificios “en muchos casos no respetan los estándares mínimos de alojamiento en cuanto a metrajes mínimos, diseño y distribución de los espacios. En su mayoría, se asemejan a pequeñas cárceles, con rejas, puertas con candados y aislamiento constante”. Estos datos surgen del Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT)
Otra referencia posible son los costos que implicaron los proyectos de infraestructura penal más recientes. Una de ellas es la cárcel Benjamín Paz, la primera que finalizó la provincia de Tucumán desde 1927 y para la que se destinaron $27.000 millones. Allí, aunque en un pabellón diferencial, ya se están alojando a menores de edad. Meses antes de que se inaugure esa unidad, Santa Fe anunció en 2025 que construiría una penitenciaría en Piñero, llamada sugestivamente “El Infierno”, por una inversión de $109.000 millones. Estos desembolsos contrastan con partidas del Presupuesto 2026, como las del Programa Políticas Alimentarias 2026 de la Secretaría de la Niñez ($ 67.104 millones), las áreas de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales ($5.735 millones) o el trabajo en los hospitales Bonaparte y Carrillo juntos ($58.252 millones).
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En una fecha cargada de simbolismo para el movimiento obrero argentino, este martes se cumplieron 79 años de aquella jornada en el Teatro Colón donde Juan Domingo Perón institucionalizó la Declaración de los Derechos del Trabajador. Aquel acto no fue un hecho aislado, sino la consolidación de un vínculo estratégico entre el Estado y la Confederación General del Trabajo (CGT), que permitió transformar las emergencias sociales de la época en conquistas legales permanentes.
El Decálogo de los Derechos del Trabajador (1947)
Aquel documento histórico presentado por Perón estableció diez pilares fundamentales para la justicia social:
Derecho al trabajo: El empleo como medio de realización personal y social.
Derecho a una redistribución justa: Salarios acordes al esfuerzo realizado.
Derecho a la capacitación laboral: Formación para el progreso profesional.
Derecho a condiciones dignas de trabajo: Ambientes saludables y respetuosos.
Derecho a la preservación de la salud: Protección física y mental del operario.
Derecho al bienestar: Acceso a la cultura y el esparcimiento.
Derecho a la seguridad social: Cobertura ante contingencias de la vida.
Derecho a la protección de su familia: El salario como sustento del núcleo familiar.
Derecho al mejoramiento económico: Posibilidad de ascenso social constante.
Derecho a la defensa de los intereses profesionales: Libertad de organización sindical.
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HOY SE PLANTEA:
En la vereda opuesta, los dirigentes sindicales alertan sobre los puntos más polémicos que se debaten hoy en el recinto:
Eliminación del Fuero Laboral: El traspaso de la justicia nacional al ámbito de CABA, lo que se denuncia como un intento de desmantelar la protección especializada.
Modificación de indemnizaciones: Implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que reduce el costo de los despidos para las empresas y carga las indemnizaciones sobre el sistema previsional.
Jornadas extendidas y Banco de Horas: Posibilidad de ampliar la carga horaria de la jornada laboral a doce horas.
Blanqueo laboral «hacia abajo»: Incentivos que condonan deudas patronales pero no garantizan la estabilidad de los trabajadores informales.
Menor poder sindical: Restricciones a la tutela de representantes y debilitamiento de los convenios colectivos por actividad.
Debilitamiento de paritarias: Fomento de negociaciones por empresa que rompen los pisos salariales de la actividad.
“El fútbol es del pueblo”: duro comunicado de la AFA contra el Gobierno. La entidad advirtió las contradicciones de la medida de la IGJ y dijo es parte de las “operaciones políticas” para imponer las sociedades anónimas en el fútbol. El antecedente del caso de Patricia Bullrich.
Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial”, advirtió la AFA, que atribuyó la medida a la pretensión de Javier Milei de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas y remarcó: “El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”. “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.
EL MOTIVO ES: causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los los 19 mil millones de pesos.
