La CGT endurece su postura y analiza una etapa de mayor confrontación con el Gobierno. Las tensiones por los recientes decretos que, según el sindicalismo, afectan la autonomía de las organizaciones gremiales, sumadas a la caída de la actividad económica y el deterioro del empleo registrado, empujan a la central obrera hacia una nueva fase de conflictividad. distintos sectores de la central obrera impulsan un cambio de estrategia frente al Gobierno nacional y promueven una etapa de mayor confrontación política y sindical, en medio de crecientes cuestionamientos a los decretos oficiales que, entienden, afectan la autonomía de las organizaciones gremiales. Las discusiones se profundizaron tras la publicación de medidas que generan preocupación en federaciones y confederaciones sindicales por sus posibles consecuencias administrativas, financieras e institucionales.
En este contexto, el Secretariado Nacional de la CGT recibirá en Azopardo a representantes de diversas organizaciones de segundo y tercer grado, entre ellas la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) y la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que vienen reclamando una respuesta más firme de la central.
El endurecimiento de la postura sindical también encuentra sustento en el deterioro de distintos indicadores de la economía real. Sectores industriales vienen registrando caídas en los niveles de producción, mientras que el comercio continúa mostrando signos de retracción y numerosas actividades reportan suspensiones, cierres de establecimientos y pérdida de puestos de trabajo registrados.
La preocupación sindical se extiende especialmente a ramas sensibles como la industria textil, la metalurgia, la construcción y algunos segmentos manufactureros, donde las organizaciones gremiales denuncian una reducción sostenida de la actividad y dificultades para sostener el empleo. A ello se suman conflictos laborales que se multiplican en distintas provincias por despidos, retiros voluntarios y procesos de ajuste en empresas privadas.
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La minería abre otro frente sindical: denuncian que inversiones millonarias no generan trabajo local. Desde ASIMRA advirtieron que la decisión podría dejar afuera a proveedores nacionales y limitar la generación de empleo en una actividad que promete millonarias inversiones. Desde la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica (ASIMRA) expresaron su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre el empleo argentino y la participación de proveedores nacionales en una de las inversiones mineras más importantes de los últimos años. El eje de la controversia pasa por la construcción de un complejo modular destinado al alojamiento del personal que trabajará en la etapa de desarrollo del emprendimiento. Según denuncian desde el gremio, buena parte de esas estructuras llegarían terminadas desde el exterior, limitando las posibilidades de participación de empresas locales capaces de producir esos bienes en el país.
La advertencia sindical apunta especialmente al efecto que esta decisión podría tener sobre la cadena metalúrgica. Para ASIMRA, la importación de módulos completos implica dejar afuera a talleres, fabricantes y contratistas argentinos que podrían aportar trabajo, producción y valor agregado a la iniciativa. La discusión también se vincula con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por distintos sectores sindicales e industriales. Las organizaciones gremiales sostienen que los beneficios otorgados a las grandes inversiones deben traducirse en más empleo local y mayor participación de la industria nacional, evitando que los proyectos funcionen como enclaves productivos desconectados de las economías regionales.
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El derrumbe del empleo textil: el 86% de quienes se reinventaron como cuentapropistas trabaja en la informalidad. Un relevamiento realizado entre más de 900 trabajadores desvinculados de una de las principales empresas textiles del país expuso el duro impacto social de la crisis que atraviesa el sector. Según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), desde diciembre de 2023 se perdieron alrededor de 22.000 puestos de trabajo en la actividad, una cifra que convierte a la industria textil en una de las más afectadas por la caída de la producción, la retracción del consumo y el aumento de las importaciones. La encuesta alcanzó a 612 exempleados, equivalentes al 68% del total de los despedidos. Los resultados muestran que el 54% continúa desocupado. Entre quienes consiguieron una nueva ocupación, el panorama tampoco es alentador: el 57% pasó a desempeñarse como trabajador independiente o cuentapropista, mientras que apenas el 43% logró acceder nuevamente a un empleo en relación de dependencia. En términos concretos, solo dos de cada diez despedidos recuperaron un trabajo formal. Los trabajadores de mayor edad son quienes enfrentan las mayores dificultades. El desempleo alcanza al 72% de las personas de entre 50 y 59 años y trepa al 82% en los mayores de 60. La situación también afecta especialmente a quienes contaban con una larga trayectoria dentro de la empresa: dos de cada tres empleados con más de once años de antigüedad permanecen sin trabajo.
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El 97% de los despidos recientes pertenecen a la industria y advierten por una “primarización” de la economía. Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que el sector manufacturero perdió casi 80.000 empleos desde finales de 2023. Daniel Rosato, presidente de la entidad empresaria, advirtió sobre un proceso de «primarización extractivista» que destruye el valor agregado y deja al sector sin alternativas. Los datos son alarmantes: de los 7.593 empleos formales que se perdieron en toda la economía durante febrero, 7.336 pertenecían al sector fabril. Esto significa que el 97% de los despidos recientes se concentraron en fábricas.
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Paritarias de Sanidad: tras dos meses sin avances, Daer les lanzó un ultimátum a las clínicas. Luego de más de dos meses de paritarias sin avances concretos, FATSA declaró el estado de alerta en todo el sector y endureció sus cuestionamientos hacia las cámaras empresarias por la falta de una propuesta salarial. El gremio rechazó que las dificultades económicas de las empresas sean descargadas sobre los salarios del personal sanitario. En ese sentido, sostuvo que si los recursos provenientes de financiadores como el PAMI, las prepagas u otros actores resultan insuficientes, los reclamos de las clínicas deben dirigirse a esos sectores y no recaer sobre los salarios en los trabajadores. A través de un comunicado, FATSA les envió un mensaje directo a los dueños de los establecimientos privados: “Que los dueños de las clínicas se hagan cargo: si ellos están dispuestos a cobrar poco, nosotros no”. Con las posiciones cada vez más tensas, el mensaje de la conducción sindical fue categórico: «Queremos una propuesta salarial ya. Sin salarios no hay ni habrá salud». A lo largo de todo el mensaje, la organización sindical expresó su malestar y sostuvo que la crisis que atraviesa el sistema de salud «no puede seguir siendo utilizada como argumento para justificar la ausencia de respuestas a quienes sostienen diariamente la atención en clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales
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ADUANAS: MALLOTTI RECLAMÓ INVERSIÓN, CAPACITACIÓN Y LLAMO A LA DEFENSA DEL CONVENIO COLECTIVO
El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) alertó sobre un contexto de creciente complejidad para el comercio exterior y el control. “Ya el propio Ministerio de Economía reconoció que nuestra institución tiene un ecosistema tecnológico obsoleto, no puede retener personal técnico y tiene problemas para atraer y conservar recursos humanos idóneos, producto de la desinversión y la caída de los salarios”, indicó su Secretario General, Daniel Mallotti, en un encuentro que convocó que 1500 personas en Parque Norte en el marco del Día del Trabajador Aduanero. D estacó el papel estratégico que “cumple la Aduana en la protección de los intereses nacionales, el desarrollo económico y la administración del comercio exterior, al tiempo que remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del organismo”. Frente a este escenario, señaló que SUPARA viene profundizando su política de formación y capacitación a través de la Fundación de Altos Estudios de Comercio Exterior, “incrementando la inversión en carreras terciarias y programas de especialización destinados a los trabajadores aduaneros”.
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la OIT reconoció a los trabajadores de plataformas como empleados con derechos laborales. En una resolución histórica, la Organización Internacional del Trabajo declaró “sujetos de derechos” a estos empleados, en una resolución que se aprobó con amplio consenso. Detalles de una norma que contradice los principios establecidos por la Ley de Modernización argentina. La entidad reconoció a repartidores y choferes de plataformas digitales como “trabajadores sujetos de derechos”, lo que genera un precedente muy importante para este colectivo, que crece a pasos agigantados en el país y el mundo. El texto elaborado por la Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas representa un golpe decisivo sobre la Ley de Modernización Laboral argentina, que dedica un capítulo íntegro a excluir a esos trabajadores de los alcances y protecciones de la ley de Contrato de Trabajo. La OIT –único organismo tripartito de Naciones Unidas que reúne a gobierno, empleadores y trabajadores – aprobó este viernes con 406 votos a favor, apenas 8 en contra y 36 abstenciones, este nuevo instrumento que busca “ampliar derechos, protección laboral y respuestas a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo”. Se trata de un “hito histórico” que, tras años de debates, demandas sindicales y la oposición de las patronales. La nueva norma internacional aborda los “profundos cambios en el sector y busca poner un freno a los abusos derivados de la implementación de nuevas tecnológicas en el ámbito laboral y garantizar el derecho a la sindicalización”.
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COAD. Lanza su paro de toda la semana. Reconoice avances en la negociación pero interpreta que se debe pagar todo lo que se adeuda, y no solo una parte.
FATUN. Avisó que “la lucha continúa” y que la Ley de Financiamiento Universitario “no se deroga”. La federación que conduce Walter Merkis difundió las escalas salariales de junio para el personal nodocente de las universidades nacionales luego del acuerdo alcanzado con el Gobierno, los gremios docentes y el CIN. El incremento será del 21,3% y también impactará en el cálculo del medio aguinaldo. Según la grilla difundida por la federación, el salario nodocente de la categoría 1 alcanzará los $2.513.777,64 de básico, mientras que para la categoría 7 el básico ascenderá a $837.926,01, a lo que se suman los distintos adicionales previstos en el convenio colectivo del sector.
