LEGISLATURA: INFORME REVELA QUE HAY 143 MIL SANTAFESINOS QUE BUSCAN UN SEGUNDO TRABAJO PARA LLEGAR A FIN DE MES. El dato se desprende de un informe elaborado por el diputado provincial, Joaquín Blanco, junto a la consultora PxQ sobre la actividad y el empleo en la provincia. Hay personas que trabajan hasta 70 horas semanales para cubrir la canasta básica. Hoy en Argentina tener trabajo ya no garantiza la estabilidad económica de una familia. La precarización se instala y muchos trabajadores que se desempeñan en plataformas de servicios llegan a emplearse hasta 70 horas semanales para cubrir la canasta básica. Hay que comprender esta realidad y, desde el nivel provincial y municipal del estado, poner el acceso al trabajo de calidad y el ingreso en el centro de la agenda”, explicó el diputado. Son 143 mil los santafesinos que buscan un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Según datos del informe, en centros urbanos como Rosario, el ingreso disponible familiar cayó -4.4% en el último trimestre del año, dejando un margen de maniobra mínimo frente a bienes o servicios imprescindibles como alquileres y transporte. En la provincia, la cifra de ocupados que busca activamente un segundo empleo supera los 140 mil trabajadores: en el Gran Rosario son 126 mil (esa tasa trepó del 14,6% al 17,5 entre diciembre 2024 y diciembre 2025) y en Santa Fe, 17 mil.
En el informe se observa un incremento del subempleo (puestos de jornada reducida), que pasó del 8,4% al 12,9% en un año. Esto quiere decir que para compensar la caída del valor del salario, los trabajadores extienden sus jornadas laborales al máximo. Si se compara el tercer trimestre de 2024 con el de 2025, en los grandes aglomerados hubo un marcado crecimiento de esta condición. En el Gran Rosario pasó del 32,8 al 39,1% y en el Gran Santa Fe del 31,8 al 42,5%. Joquín Blanco es Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Y a esate estudio lo hizo junto a la consultora PxQ
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MENSAJE DE LA CGT ROSARIO EN EL ACTO POR EL 1 DE MAYO: Los trabajadores nos tenemos que unir, y fortalecernos. Hacerle a entender a la CGT de Buenos Aires que no podemos seguir esperando, que hoy tenemos que luchar, porque después es tarde. No tenemos que depender de la Justicia. Hoy la justicia nos dio la espalda. Es una lucha constante en la calle y una lucha final con un fuerte paro”. Tenemos que estar más que nunca unidos, fortalecer el movimiento obrero, estén o no estén en la CGT, acá lo que nos importa es la unidad, ir en contra de esta reforma laboral y esta política de gobierno que nos está destruyendo a todos», describió el referente de la CGT Rosario el sentido de la movilización
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“EL TRABAJO ES CON DERECHOS O ES ESCLAVO”: LA CGT MOVILIZÓ EN PLAZA DE MAYO Y REDOBLÓ LA PRESIÓN POR UN PARO GENERAL. La central obrera endureció sus críticas a Javier Milei y volvió a presionar por un paro general. La CGT sostuvo que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”. El texto cuestionó la falta de un plan de desarrollo industrial y advirtió sobre la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y el crecimiento de la informalidad. También señaló un “Estado desertor” en áreas sensibles como la salud pública y denunció el ajuste sobre jubilaciones y políticas sociales. Además, el documento marcó la ausencia de políticas orientadas al desarrollo productivo, con una economía —según planteó— enfocada en la especulación financiera y la fuga de capitales. En esa línea, advirtió sobre la paralización de la obra pública, el deterioro de las economías regionales y la creciente primarización de la estructura económica. El deterioro se expresa en el crecimiento sostenido de la informalidad y en la expansión de formas de subsistencia precarias”, “cada vez más trabajadores quedan por fuera de la protección social y de los derechos laborales básicos”. La CGT denunció el impacto del ajuste en el sistema de salud. “se verifica un retroceso en el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales”. También cuestionó los recortes en áreas sensibles: “las prestaciones vinculadas a la discapacidad se ven afectadas por demoras, recortes y falta de financiamiento”.
El FreSU sumó a Maturano y gana poder de fuego: un refuerzo de peso para el ala combativa. El ingreso del líder de La Fraternidad fortalece al frente sindical con capacidad de presión estratégica. Más de 1.600 delegados aprobaron un programa de acción en el plenario nacional. «Tenemos que profundizar el plan de lucha y dejémonos de marchitas, hagamos como los compañeros bolivianos, cinco días de paro y así cambiaron un montón de cosas”, planteó Maturano en su discurso. Denunció que “los dejaron solos” y pidió profundizar el plan de lucha. El líder de La Fraternidad cuestionó a la central obrera por no acompañarlos tras la sanción por el paro general del 19 de febrero y reclamó endurecer las medidas contra el rumbo económico, en el plenario nacional del FreSU. “La multa que nos aplicaron nos la pusieron (por el paro general) por orden de la CGT, no por orden de La Fraternidad, no porque La Fraternidad hizo un acto fuera de la ley, pero no nos salen a defender”, afirmó. Y remarcó la ausencia de respaldo público: “Ayer, en Plaza de Mayo, tendrían que haber dicho en ese acto que hicieron que también los acompañamos, que si se meten con cualquier sindicato se meten con la CGT… pero no lo hicieron y nos van a dejar solos”. La sanción asciende a $21.241.500.000 y fue dispuesta luego de que el gremio adhiriera al último paro general de CGT. Advirtió que el rumbo actual “lo único que trae es como vivíamos antes de 1943: el 90% pobres y el 10% de ricos”. En esa línea, defendió los reclamos del movimiento obrero: “No solicitamos nada que no nos corresponda: trabajo, salarios dignos, salud, educación para nuestros hijos y necesitamos que podamos comer y vestirnos como nos corresponde”.
RODOLFO AGUIAR: “Este no fue un 1 de mayo más, este fue un 1 de mayo distinto. La lucha del movimiento obrero continúa pero hoy desde Pilar empezamos a pasar a la ofensiva, una ofensiva que no se va a detener hasta que no se cumpla con el programa que acabamos de elaborar y votaron más de 1.600 delegadas y delegados”
La UOM denuncia un intento de intervención y acusa a Techint y al Gobierno de ir por el sindicato. El gremio metalúrgico lanzó un comunicado explosivo en el que denuncia una avanzada coordinada para intervenir la organización, desconocer su conducción y bloquear las paritarias. Denuncia una “ofensiva concreta y coordinada” para intervenir el gremio, debilitar su estructura y condicionar la negociación salarial del sector. Apunta contra empresas vinculadas al Grupo Techint, el Gobierno nacional y sectores del Poder Judicial, a quienes responsabiliza de impulsar una estrategia que combina judicialización, presión sobre las paritarias y cuestionamientos a la representación sindical. El gremio menciona explícitamente a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara Laboral, cuyas resoluciones —según sostiene la UOM— “se convirtieron en herramientas para atacar la autonomía sindical”. Además, el comunicado remarca un antecedente reciente: esos mismos magistrados intervinieron en un fallo vinculado a la Confederación General del Trabajo (CGT) que, de acuerdo al sindicato, terminó garantizando la vigencia de la reforma laboral.
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El Gobierno quiere conseguir 950 retiros voluntarios del INTA pero en la letra chica sólo les reconocería los años de planta permanente. El Consejo Directivo del INTA se volverá a reunir en las próximas horas fundamentalmente con el objetivo de aprobar el plan de retiro voluntario que ideó el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y que empujan desde la cúspide del gobierno de Javier Milei. Tras los sucesivos fracasos de la motosierra, ahora la idea oficial es destinar nada menos que 101 mil millones de pesos para tentar a que abandone sus puestos el 20% del personal actual del instituto, es decir cerca de 950 personas. Aceptará que lo tome el personal de planta permanente de hasta 65 años de edad, aunque quienes tengan menos de 60 años recibirán de 1,5 salarios (sin complementos no remunerativos) por cada año de servicio en tanto que los que tengan mayor edad tendrán un límite de 12 y 24 salarios, en tanto se acercan más a su fecha de jubilación.
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El Frente Sindical de Universidades se mostró en unidad de cara a la cuarta Marcha Federal del 12 de mayo. Gremios de docentes, estudiantes, rectores y trabajadores NODOCENTES participaron del 44° Congreso de la FATUN, y expusieron su reclamo conjunto para que el gobierno cumpla la ley vigente de Financiamiento Universitario.
El frente sindical que representa a las universidades nacionales, integrado por los gremios de docentes (FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA), de estudiantes (FUA), el gremio de NODOCENTES (FATUN) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) participaron del 44° Congreso de la Federación del Trabajador de Universidades, en el que expusieron su posicionamiento conjunto de apoyo a la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, y manifestaron su reclamo para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley vigente de Financiamiento Universitario. Del encuentro participó como exponente el propio presidente del CIN, Franco Bartolacci, quien es rector de la Universidad Nacional de Rosario. Junto a Merkis, participaron rectores de universidades nacionales, representantes de federaciones docentes y dirigentes estudiantiles, consolidando un espacio de diálogo y reflexión que reafirma la unidad del sistema universitario. Esto fue en Villa Giardino Córdoba el jueves pasado.
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Piden al Consejo de la Magistratura la suspensión y remoción del juez Ojeda que frenó la Reforma Laboral. El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por presunto mal desempeño contra el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, y solicitó su suspensión preventiva y posterior remoción. La medida responde a la decisión del magistrado de dictar una cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Para el movimiento de empresarios, el conjunto de las conductas atribuidas a Ojeda configura un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad y vulneración del principio de división de poderes. Por ello, el movimiento empresarial solicitó al Consejo de la Magistratura la apertura de un expediente disciplinario, la suspensión preventiva del magistrado y la posterior formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
